Una decisión reciente del Consejo de Estado podría transformar el panorama pensional de miles de docentes en Colombia, especialmente aquellos que iniciaron sus carreras bajo contratos de prestación de servicios. La protagonista de este caso es Lauda Chacón Chacón, una profesora del municipio de Garzón (Huila), quien después de más de dos décadas de servicio logró que sus años como contratista fueran reconocidos para acceder a su pensión.
Chacón trabajó en el sector educativo desde 1994, acumulando más de 22 años de labor, de los cuales 3 años y 8 meses fueron bajo contratos de prestación de servicios. Aunque posteriormente fue vinculada en provisionalidad y luego en propiedad, al momento de solicitar su pensión en 2023 —bajo el amparo de la Ley 91 de 1989— su petición fue rechazada por la Secretaría de Educación del Huila. El argumento: que los periodos como contratista no se podían contar para la pensión, debido a la falta de aportes al sistema pensional.
La negativa llevó a la docente a presentar una demanda judicial y posteriormente una acción de tutela, alegando vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a una pensión digna. Inicialmente, tanto el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva como el Tribunal Administrativo del Huila rechazaron su solicitud. Sin embargo, el Consejo de Estado intervino, revocando las decisiones anteriores.
El alto tribunal consideró que en este caso se desconoció el precedente judicial, pues existen sentencias previas que reconocen como válidos los tiempos laborados bajo contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, siempre y cuando se demuestre la continuidad en el servicio y la naturaleza permanente de la función desempeñada.
Esta decisión no solo reivindica los derechos de la docente garzoneña, sino que también envía un fuerte mensaje a las entidades públicas que por años han precarizado el empleo docente bajo figuras contractuales. Se espera que este fallo siente un precedente importante que permita a otros trabajadores en condiciones similares reclamar sus derechos y que, desde el Estado, se revise a fondo la política de contratación en el sector educativo.
